VENEZUELA: 17 años del 27 de febrero de 1989

Prohibido Olvidar

William Prietor, CIT Venezuela, Caracas,.

28 de febrero de 2006

Hoy se cumplen 17 años del 27 y 28 de febrero de 1989, día de la dignidad, cuando los cerros bajaron y el espejismo de democracia de la cuarta republica sufrió su primer revés luego de muchos años de engaño al pueblo, éste despertó y luego de esta fecha nada fue igual, Carlos Andrés Pérez ganó la presidencia con el 52% unos 3.859.000 votos con una abstención del 18% al candidato del partido social cristiano Eduardo Fernández; ya Acción Democrática que era el partido de Carlos Andrés había gobernado en el periodo 1983-1988 un gobierno signado por la corrupción. A pocos días de la toma de posesión el día 16 de febrero el entonces presidente Carlos Andrés Pérez en cadena nacional al país anuncia un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente "paquete económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional una serie de medidas de corte neoliberal. En términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración público, Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero y desconociendo el pasaje estudiantil, Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; En cuanto a los protagonistas de los tenemos que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados individuos pertenecientes a la clase media.

Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos. El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.

Por otro lado, el proceso electoral de 1988 había generado ciertas expectativas de superación socioeconómica y política del país, sobretodo en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez quien de alguna manera prometió durante la campaña electoral la posibilidad de la vuelta a la bonanza económica experimentada en su primer mandato (1974-1979). Sin embargo, el anunció del programa económico liquidó las ilusiones de la población y acentuó el desencanto no sólo hacia el gobierno de Pérez sino hacia un sistema político que evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación política y social. Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron severamente cuestionados los partidos y organizaciones políticas (sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como factores contrarios al cambio y sordos a las necesidades de la población, lo cual se evidenciaría en la situación crítica que se experimentó en los años venideros.

Hoy cuando se cumple un año mas esos muertos claman por justicia ya que mucho de los asesinos siguen suelto y llaman ahora al gobierno de Chávez de dictatorial y algunos de ellos estuvieron involucrados al golpe del 11 de abril 2002.

"Maldito el soldado que empuñe su arma contra el pueblo"

Simon Bolivar

¡Carcel para los asesinos del pueblo!